La inversión en descarbonización de Arcelor va en la dirección adecuada, aunque con interrogantes.
El acuerdo firmado esta semana entre Arcelor y el Gobierno de España consolida la innovación como pilar de la siderurgia asturiana en un contexto de cambio climático.
Verdes Equo Asturias manifiesta su satisfacción por el anuncio de la inversión para la descarbonización de la factoría de Gijón realizada por representantes de Arcelor y del Gobierno español esta semana en nuestra región.
Consideramos que la inversión de 1000 millones de euros destinada a reducir a la mitad las emisiones de CO2 del fabricante siderúrgico, es una buena noticia para el empleo, la salud de las y los asturianos y la lucha contra el cambio climático. Esta acción se encuentra alineada con los objetivos de la Unión Europea de reducción del 55% de emisiones para 2030 y de neutralidad climática en 2050. Vemos, una vez más, que la Ley de Cambio Climático española, aprobada recientemente, nació vieja.
Queremos recordar que la transición ecológica, elemento fundamental del Pacto Verde Europeo y concretada en el auge de las energías renovables, la rehabilitación de edificios, la movilidad y otras infraestructuras sostenibles, requerirá disponer de gran cantidad de acero. Por otro lado, Los Verdes Europeos han defendido la puesta en marcha de medidas de defensa comercial eficaces para proteger a la industria siderúrgica del continente frente a prácticas comerciales fraudulentas de países de fuera de la Unión.
La inversión anunciada esta semana va en la línea de nuestra propuesta de convertir la innovación en la base de la supervivencia del sector del acero. La adopción de medidas de aprovechamiento de la economía circular, que se traduzca en la reducción del consumo de materiales, es crucial en un horizonte de agotamiento de los recursos básicos.
Por otro lado, mostramos cautela frente al origen del hidrógeno que se utilizará para alimentar el nuevo horno de arco eléctrico. Que Enagás, gestora de la regasificadora del Musel, declarada ilegal como consecuencia de nuestra denuncia, lidere el consorcio que suministrará el hidrógeno procedente de fuentes renovables, no nos da precisamente mucha confianza. Sospechamos que, una vez más, se trata de legalizar por las bravas una instalación fallida desde su nacimiento. Asimismo, mostramos nuestra preocupación por el posible impacto en la biodiversidad que podría tener la implantación de parques eólicos en áreas de especial protección para fabricar el hidrógeno verde. La implantación de las renovables ha de ser socialmente aceptada, ambientalmente sostenible y territorialmente provechosa para todas y todos.